La dolarización, el FMI y los intereses creados

Rómulo López Sabando

El 9 de enero de 2001, Ecuador cumplió un año de dolarización. Fue una decisión política, abrupta y desesperada, del Presidente de la República Jamil Mahuad (demócrata cristiano y vinculado a Harvard) y de sus asesores. Nunca creyó en ella el Presidente, aunque pretendió que fuera su tabla de salvación política. Pero nada pudo, pues la vorágine, por él mismo creada, lo barrió del escenario. Doce días después admitió haber sido derrocado y desapareció.

Decretada la dolarización, como salvavidas político, el país todo la recibió con beneplácito. Se restauró la confianza. El 90% de la población sintió la recuperación de su capacidad de consumo. La demanda creció significativamente, pues el frenazo que la dolarización dio a la diaria devaluación mejoró al poder de compra y el valor adquisitivo de sus ingresos reales. Aumentó la oferta de trabajo y desaparecieron en gran volumen los vendedores ambulantes. El desempleo bajó del 14,4 % al 9%. El panorama económico mostróó entusiasmo, confianza y sobre todo se recuperó el autoestima como país. Se creyó que, al no haber más emisión de sucres, la inflación desaparecería. Los negocios se activaron y los afanes para emigrar disminuyeron. La demanda por adquirir pasaportes declinó.

Se puede afirmar que, como consecuencia de la dolarización, y en sus primeros meses, el Ecuador evidenció estabilidad económica y aparente control de la inflación. Se dijo, incluso, por encuestadoras profesionales, que hubo un crecimiento del PIB del 1.9%. Cabe tener presente que el PIB, durante el lapso de gobierno de Mahuad cayó en 50%. Es decir, de US$ 23 mil millones de dólares disminuyó a US$ 12 mil millones.

La estabilidad o anclaje del tipo de cambio, lograda con la dolarización, redujo tensiones políticas, sociales y económicas. Coincidentemente, el monopolio petrolero del Estado se benefició con el aumento mundial del precio del petróleo, que representa el 50 % de los ingresos del Estado. Desapareció el déficit fiscal crónico y el presupuesto, por primera vez, resumía superávit.

Los intereses creados y el deterioro de la oferta

Pero los monopolios de los servicios básicos (luz eléctrica, teléfonos, agua, alcantarillado y canalización de aguas, energía, combustibles domésticos e industriales, y de transporte, tráfico aéreo y uso de puertos), la desaparición de más del 50% de la banca y del 80% de las financieras y la paralización del aparato productivo, impiden el abastecimiento de productos vitales y de la oferta. Todas las estructuras de costos y precios, públicas y privadas, están sometidas a los intereses y arbitrios de los monopolios estatales. La falta de oferta estimula la carestía y la especulación que afectan a los precios al consumidor. La competencia libre es una ilusión. El congelamiento de los dineros y depósitos del público, la quiebra de la seguridad social y la desaparición de los fondos de pensiones, así como la deficiente atención médica en manos de burocracias estatales, agravan la crisis. Pasada la euforia de la inicial estabilidad causada por la dolarización, los monopolios públicos, así como los mercados cautivos de ciertos sectores privados, se negaron a asumir los costos de la crisis.

Rechazan la competencia del exterior, optan por subir los precios, acusan a la dolarización de ser la causa de la “crisis” y se niegan a reducir sus privilegios. Al contrario, mejoran sus ingresos dolarizados y reclaman el sinceramiento de los precios a niveles internacionales con el aval del FMI, antiguo adversario de la dolarización y vehemente partidario del pago de la deuda externa pública.

El señor John Thorton, Jefe de la Misión de observadores del FMI, para quien el Ecuador es sólo el Estado, impuso su criterio de que la única forma de frenar la inflación ( 6.97% en enero 2001) es reducir el déficit fiscal (pese al superávit, motivo de euforias de ministros y funcionarios) con más impuestos y, sobre todo, obligando al alza de los precios de los derivados del petróleo y de las tarifas de los otros monopolios estatales, pero sin bajar el gasto público. Sostiene que subir los precios de los combustibles es eliminar los subsidios. Y que hay que equilibrar el presupuesto...

El 19 de enero del año 2000, (nueve días después de vigente la dolarización a 25 mil sucres por dólar), se publicó en el Registro Oficial el Presupuesto del Estado (elaborado 3 meses antes) en el que el gasto público ascendía a US$ 1.950 millones de dólares, con el 60% de los ingresos en dólares provenientes del petróleo. Sin embargo, en poco menos de un año, hace pocas semanas, el gobierno y el Congreso aprobaron un gasto público para el 2001 de US$ 4.950 millones de dólares.

Las ventajas salariales y los contratos colectivos, con enormes “beneficios sociales” a favor de la burocracia estatal, son motivo de escándalos y reclamos airados por la opinión pública pero, al final, los sindicatos triunfan y hacen de la dolarización un instrumento de mayores privilegios, causando más alza de los precios al consumidor y elevación de los costos de las empresas privadas. El valor de la canasta familiar encareció de US$ 200 a US$ 307 dólares, lo que, según analistas, ha generado un déficit de consumo del 65%.

Arancel cero y desaparición de las aduanas

Yo plantee a los Gobiernos de Mahuad y Noboa que, para impedir que suban los precios, sea por costos reales o por especulación, había que ir al arancel cero al mundo y cerrar las aduanas, (legendario generador de corrupción); abrir el país a la competencia global, aumentar la oferta e inundar de abundancia los mercados, ya que mientras que la demanda crecía y la confianza iniciaba su recuperación, la oferta se mantuvo estática, por la fortaleza de los monopolios y de los mercados cautivos. Incluso algunos dirigentes de empresarios (¿empresaurios ?) que “lucharon” e impulsaron la dolarización, rechazaron el arancel cero pidiendo, en cambio, “moralizar” las aduanas, no obstante ser parte de ellas, conjuntamente con el gobierno.

Algunos empresarios quieren regresar a la política arancelaria de la CEPAL de los años 60 y 70. Unos piden “arancel flat “, es decir un margen “suficiente” para “soportar” la competencia. Otros quieren la escala del 5% al 25 %. Los importadores pelean por aranceles más bajos que los que afectan a los insumos que requiere la industria nacional, mientras el Estado mantiene contratos onerosos con “verificadoras aduaneras” e impone cláusulas de salvaguardia”, sin recordar que en 2 años el ALCA desgravará la región.

Cabe indicar que, en el CAN (Pacto Andino), ya rige el arancel cero, con limitadas excepciones.

Precisamente cuando entraron al mercado ecuatoriano arroz, azúcar, aceites y otros productos, con precios menores hasta en un 50%, fueron combatidos por productores nacionales y el Presidente cayó en la trampa de seudo pactos con los monopolios (públicos y privados) para no subir los precios de ciertos productos e impedir el ingreso de la competencia, pero que alteraron, a la postre, los precios en su beneficio ofreciendo a cambio subir los salarios, como el mínimo vital, que se incrementó en 49 dólares y 21 adicionales más que lo que se percibía en 1999, es decir, está en US$ 126 dólares mensuales sin contar otros adicionales.

Los orígenes de la corrupción

Rómulo López Sabando

En Ecuador y América Latina, que fueron estructurados administrativa y económicamente por España y Portugal e inspirados políticamente por Francia, la corrupción agiganta la pobreza. La explotación de las riquezas naturales fue y es aprovechada por grupos familiares y, sobre todo, por aquellos que, al igual que en la Colonia, compraban los cargos públicos. Lo que ahora llamamos corrupción, fue en las Monarquías europeas, la vigencia de un sistema de administración pública que depende verticalmente del Poder del Estado. Las guerras por la independencia “nos liberaron de España y Portugal” pero nos mantienen esclavizados a un sistema idéntico de administración colonial, centralista generador de corrupción que perjudica al país y hasta la misma Capital. Los libertarios del Norte fueron diferentes. No solo rompieron con el Estado colonial ingles sino que instauraron las bases de la libertad y los derechos del hombre por sobre el Poder del Estado. Esta es una diferencia de por qué Latinoamérica es más corrupta. Desde que Colón y sus conquistadores pusieron pie en tierra, el Estado monárquico fue, en las colonias del sur, dueño absoluto de los derechos de soberanía, de propiedad, de libertad, de vida y hasta del honor de las personas. Solo los Reyes y sus servidores podían disfrutar de los derechos básicos y tenían el privilegio de conceder y repartir toda clase de canonjías. La monarquía vigente en España e ideológicamente contraria a la producción, hizo del nuevo mundo y sus habitantes (después de la feroz conquista con la que sometió a los aborígenes) simples proveedores de riqueza sin retorno. Las colonias eran buenas para abastecer de riquezas, metales preciosos (oro, plata etc). Toda posición, religiosa, educativa, económica, social o política estaba supeditada a la voluntad del soberano y de sus cortesanos. No existían los derechos, como valor intrínseco y propio de la persona. Ellos eran otorgados por la Corona. Los derechos de propiedad, posesión, uso y goce de bienes de toda índole no eran resultado del trabajo sino de privilegios otorgados por el Rey. Las oportunidades de tener un ingreso derivado del trabajo así como toda actividad lucrativa se lograba comprando al Gobierno protección y monopolios. La única herramienta para vivir, hacer fortuna y hasta para sobrevivir era lo que, ahora, en economía se denomina “rent seekers”, -buscadores de rentas, tramitaciones, cabildeo, etc. El trabajo resultaba del sometimiento al “stablishment” es decir al Rey y a sus cortesanos. Las monarquías europeas practicaban el mercantilismo del siglo XV cuyos vectores intelectuales (Montaigne, Colbert y otros) sostenían que la riqueza estaba basada en la posesión de metales preciosos, oro, plata y no en el intercambio, en la producción o en la creatividad intelectual. Las “colonias” fueron organizadas para nutrir a los imperios europeos de materia prima, metales preciosos, esclavos, productos tropicales y materiales exóticos; y, como mercado, para que absorban los productos europeos. Las monarquías europeas impusieron en “sus” colonias el “mercantilismo” cuyo paradigma es que la economía es un juego de suma cero. Solo gana el vendedor. Según esta teoría, el comprador, que es explotado, se perjudica, pues la riqueza es estática. No entendían a las empresas productivas. Aquello de la “balanza comercial”, que aun se mantiene en Ecuador, es un mito obsoleto derivado del dogma Montaigne que dice que es bueno exportar pero malo importar. Es decir, es bueno guardar pero es malo consumir. Solo consume el que tiene privilegios. Los pobres están obligados a consumir con recargos tributarios y sin derecho a elegir. Así como los derechos a la vida y a la libertad eran condicionados a la voluntad del Estado español, los derechos de propiedad no se derivaban de la voluntad de las partes en transacciones normales ni se aceptaban si eran provenientes del éxito económico sino en función de los permisos previos estipulados en “estatutos”. La competencia no fue permitida pues solo el Estado asignaba la producción a su arbitrio, pues era el dueño de los monopolios de luz, transporte, comunicaciones, alcohol, sal, tabaco, (estancos) azúcar de caña, trigo, incluso del mercurio para trabajar en las minas de plata, que los vendían o concesionaban a amigos y parientes. Y este sistema, que sigue vigente, es la fuente primaria de la corrupción.

El poder corrompe........

Rómulo López Sabando

La corrupción que corroe e identifica al Ecuador de ninguna manera involucra a todos sus habitantes. Son muchos más los honestos que los picaros y ladrones. Sin embargo, el esquema jurídico, legal, político, constitucional y económico, que prevalece en Ecuador y América latina es la gran causa de la corrupción, pues crea el entorno y estimula las bajas pasiones para poner a flor de piel la ausencia de escrúpulos y, sobre todo, la falta de ética en la función pública. La corrupción esta en relación inversa con la libertad. Su carencia se da por el exceso de poder en todo lo que es el Estado. La concentración del Poder político en pocas manos enerva los principios éticos, pues como expresara Lord Acton, “el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. O como se dice en el argot popular “En arca abierta el justo peca.”. De allí que los sistemas jurídicos, políticos y constitucionales que priorizan la libertad, y que estimulan el autoestima como país, inducen a las personas a trabajar, producir, invertir, ahorrar para satisfacer las necesidades y, sobre todo, a consumir para vivir a plenitud. Estos esquemas de libertad también desarrollan la inmigración que aporta cerebros, ciencia, nuevas tecnologías, know how y dinamizan las inversiones de riesgo. El respeto a los derechos individuales, como la vida, la libertad, la propiedad, es básico para la convivencia civilizada. Benito Juárez, con razón dijo “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Pero cuando los gobiernos (es decir políticos, intelectuales y burócratas) pretenden controlar la vida económica de los ciudadanos para extraerles compulsivamente los resultados de su trabajo, (su propiedad) con el eufemismo de atender los “problemas sociales” mediante el “gasto publico”, generalmente dispendioso, la corrupción insurge avasalladora. “Crea dificultades, para vender facilidades”, dice el adagio popular. La corrupción deteriora la conducta y la conciencia. Tramites, requisitos, controles y permisos son vectores dinámicos de la corrupción en cualquier parte del mundo, pero en Ecuador rebasan todo sentido de servicio y moral. La informalidad es producto del afán de controlarlo todo. Los que ejercen el poder político, y manejan la administración publica, con osadía, presumen que ellos son honestos y los ciudadanos deshonestos. El papeleo y la tramitología, son entonces, la antesala de la corrupción. Pero el origen de la mayor corrupción está en el sistema legal y constitucional ecuatoriano. En cambio, la Constitución norteamericana, (con sólo 16 enmiendas posteriores) dura ya más de 200 años. En Ecuador hemos tenido 22 Constituciones. Una peor que otra. En 1787 EE.UU., recién independizado, cuando se dicta su envidiada Constitución, era un país atrasado, igual que los subdesarrollados actuales. Y en relación a Europa eran poca cosa. Solo en filosofía política (Madison, Hamilton, Adams, Jefferson, Franklin, Washington y otros 40 pensadores de idéntica talla,) eran superiores. Lo trascendente es “la división de los poderes”, la estructura federal de gobierno y la declaración de derechos individuales (dictada en 10 enmiendas inmediatas (Bill of Rights). De esto se deriva el principio del “control constitucional” que CORRESPONDE A LOS JUECES. No a la inversa. Ni el Parlamento, peor el ejecutivo se exceden. Se limita su poder estatal. Lo organiza dividiéndolo bajo el esquema de pesos y contrapesos. Al articular el “poder” estatal en ejecutivo, legislativo y judicial, robustece al Gobierno central pero protege la libertad individual. Da las bases para una unión nacional efectiva y una menor corrupción. La norma social de conducta es entonces la responsabilidad. La libertad no es sólo política o electoral, sino fundamentalmente económica, que en Ecuador no existe. Y respecto a la libertad de expresión nada mejor que el pensamiento de Luis A. De Bonald que nos trae todos los días el Universo de Guayaquil: “Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues entre la libertad y la muerte”.