Rómulo López Sabando
El 9 de enero de 2001, Ecuador cumplió un año de dolarización. Fue una decisión política, abrupta y desesperada, del Presidente de la República Jamil Mahuad (demócrata cristiano y vinculado a Harvard) y de sus asesores. Nunca creyó en ella el Presidente, aunque pretendió que fuera su tabla de salvación política. Pero nada pudo, pues la vorágine, por él mismo creada, lo barrió del escenario. Doce días después admitió haber sido derrocado y desapareció.
Decretada la dolarización, como salvavidas político, el país todo la recibió con beneplácito. Se restauró la confianza. El 90% de la población sintió la recuperación de su capacidad de consumo. La demanda creció significativamente, pues el frenazo que la dolarización dio a la diaria devaluación mejoró al poder de compra y el valor adquisitivo de sus ingresos reales. Aumentó la oferta de trabajo y desaparecieron en gran volumen los vendedores ambulantes. El desempleo bajó del 14,4 % al 9%. El panorama económico mostróó entusiasmo, confianza y sobre todo se recuperó el autoestima como país. Se creyó que, al no haber más emisión de sucres, la inflación desaparecería. Los negocios se activaron y los afanes para emigrar disminuyeron. La demanda por adquirir pasaportes declinó.
Se puede afirmar que, como consecuencia de la dolarización, y en sus primeros meses, el Ecuador evidenció estabilidad económica y aparente control de la inflación. Se dijo, incluso, por encuestadoras profesionales, que hubo un crecimiento del PIB del 1.9%. Cabe tener presente que el PIB, durante el lapso de gobierno de Mahuad cayó en 50%. Es decir, de US$ 23 mil millones de dólares disminuyó a US$ 12 mil millones.
La estabilidad o anclaje del tipo de cambio, lograda con la dolarización, redujo tensiones políticas, sociales y económicas. Coincidentemente, el monopolio petrolero del Estado se benefició con el aumento mundial del precio del petróleo, que representa el 50 % de los ingresos del Estado. Desapareció el déficit fiscal crónico y el presupuesto, por primera vez, resumía superávit.
Los intereses creados y el deterioro de la oferta
Pero los monopolios de los servicios básicos (luz eléctrica, teléfonos, agua, alcantarillado y canalización de aguas, energía, combustibles domésticos e industriales, y de transporte, tráfico aéreo y uso de puertos), la desaparición de más del 50% de la banca y del 80% de las financieras y la paralización del aparato productivo, impiden el abastecimiento de productos vitales y de la oferta. Todas las estructuras de costos y precios, públicas y privadas, están sometidas a los intereses y arbitrios de los monopolios estatales. La falta de oferta estimula la carestía y la especulación que afectan a los precios al consumidor. La competencia libre es una ilusión. El congelamiento de los dineros y depósitos del público, la quiebra de la seguridad social y la desaparición de los fondos de pensiones, así como la deficiente atención médica en manos de burocracias estatales, agravan la crisis. Pasada la euforia de la inicial estabilidad causada por la dolarización, los monopolios públicos, así como los mercados cautivos de ciertos sectores privados, se negaron a asumir los costos de la crisis.
Rechazan la competencia del exterior, optan por subir los precios, acusan a la dolarización de ser la causa de la “crisis” y se niegan a reducir sus privilegios. Al contrario, mejoran sus ingresos dolarizados y reclaman el sinceramiento de los precios a niveles internacionales con el aval del FMI, antiguo adversario de la dolarización y vehemente partidario del pago de la deuda externa pública.
El señor John Thorton, Jefe de la Misión de observadores del FMI, para quien el Ecuador es sólo el Estado, impuso su criterio de que la única forma de frenar la inflación ( 6.97% en enero 2001) es reducir el déficit fiscal (pese al superávit, motivo de euforias de ministros y funcionarios) con más impuestos y, sobre todo, obligando al alza de los precios de los derivados del petróleo y de las tarifas de los otros monopolios estatales, pero sin bajar el gasto público. Sostiene que subir los precios de los combustibles es eliminar los subsidios. Y que hay que equilibrar el presupuesto...
El 19 de enero del año 2000, (nueve días después de vigente la dolarización a 25 mil sucres por dólar), se publicó en el Registro Oficial el Presupuesto del Estado (elaborado 3 meses antes) en el que el gasto público ascendía a US$ 1.950 millones de dólares, con el 60% de los ingresos en dólares provenientes del petróleo. Sin embargo, en poco menos de un año, hace pocas semanas, el gobierno y el Congreso aprobaron un gasto público para el 2001 de US$ 4.950 millones de dólares.
Las ventajas salariales y los contratos colectivos, con enormes “beneficios sociales” a favor de la burocracia estatal, son motivo de escándalos y reclamos airados por la opinión pública pero, al final, los sindicatos triunfan y hacen de la dolarización un instrumento de mayores privilegios, causando más alza de los precios al consumidor y elevación de los costos de las empresas privadas. El valor de la canasta familiar encareció de US$ 200 a US$ 307 dólares, lo que, según analistas, ha generado un déficit de consumo del 65%.
Arancel cero y desaparición de las aduanas
Yo plantee a los Gobiernos de Mahuad y Noboa que, para impedir que suban los precios, sea por costos reales o por especulación, había que ir al arancel cero al mundo y cerrar las aduanas, (legendario generador de corrupción); abrir el país a la competencia global, aumentar la oferta e inundar de abundancia los mercados, ya que mientras que la demanda crecía y la confianza iniciaba su recuperación, la oferta se mantuvo estática, por la fortaleza de los monopolios y de los mercados cautivos. Incluso algunos dirigentes de empresarios (¿empresaurios ?) que “lucharon” e impulsaron la dolarización, rechazaron el arancel cero pidiendo, en cambio, “moralizar” las aduanas, no obstante ser parte de ellas, conjuntamente con el gobierno.
Algunos empresarios quieren regresar a la política arancelaria de la CEPAL de los años 60 y 70. Unos piden “arancel flat “, es decir un margen “suficiente” para “soportar” la competencia. Otros quieren la escala del 5% al 25 %. Los importadores pelean por aranceles más bajos que los que afectan a los insumos que requiere la industria nacional, mientras el Estado mantiene contratos onerosos con “verificadoras aduaneras” e impone cláusulas de salvaguardia”, sin recordar que en 2 años el ALCA desgravará la región.
Cabe indicar que, en el CAN (Pacto Andino), ya rige el arancel cero, con limitadas excepciones.
Precisamente cuando entraron al mercado ecuatoriano arroz, azúcar, aceites y otros productos, con precios menores hasta en un 50%, fueron combatidos por productores nacionales y el Presidente cayó en la trampa de seudo pactos con los monopolios (públicos y privados) para no subir los precios de ciertos productos e impedir el ingreso de la competencia, pero que alteraron, a la postre, los precios en su beneficio ofreciendo a cambio subir los salarios, como el mínimo vital, que se incrementó en 49 dólares y 21 adicionales más que lo que se percibía en 1999, es decir, está en US$ 126 dólares mensuales sin contar otros adicionales.
